11 de junio de 2014

Jueza López Iñiguez rechazó la figura de asociación ilícita y suspende el desalojo en el predio de Lugano

La jueza María Gabriela López Iñiguez rechazó un planteo de la fiscalía porteña para declararse "incompetente" en la causa por ocupación de un predio en Villa Lugano, ocurrido el 24 de febrero último, y suspendió el desalojo "sin fecha" hasta que pueda garantizarse "la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas".


La resolución de la magistrada fue comunicada durante una audiencia pedida por la fiscalía, que planteaba que la ocupación de los terrenos del ahora denominado "barrio papa Francisco" configuraba el delito de "asociación ilícita" y no de "usurpación", por lo que la causa debia trasladarse al fuero federal.

La jueza rechazó el planteo por no lograr la fiscalía acreditar fehacientemente las razones que invocaba y colocó el conflicto referido al saneamiento y urbanización "en el marco de la ley 1770, de eminente carácter local".

También resolvió "diferir la fijación de fecha para el libramiento de la orden de allanamiento hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para garantizar adecuadamente la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas".

En este aspecto aseguró que existen "discordancias de criterio expuestas entre la Policía Metropolitana y por las fuerzas federales" y que ello determina que "por el momento resulte inviable llevar a delante de manera razonable y segura"  el desalojo.

La jueza López Iñiguez instó a las partes "a reunirse en una mesa técnica para que retomen las reuniones que han suspendido, y concentren sus esfuerzos en lograr conciliar las graves discrepancias".

La toma de los terrenos de unas diez hectáreas en Fernández de la Cruz y Pola, lindero con la villa 20, ocurrió el 24 de febrero y, tras un intento fallido de desalojo por parte de la Policía Metropolitana y fuerzas federales, se iniciaron negociaciones para solucionar el problema habitacional de los ocupantes.

La jueza Elena Liberatori, que tenía una causa para urbanizar la villa 20 conforme a la ley 1770 aprobada en el 2005 por la Legislatura, acordó su puesta en marcha con el gobierno porteño y, hace 15 días, junto a la Defensoría del Pueblo, realizó un censo que determinó la presencia de 1.800 personas en el predio tomado.

En forma paralela, se inició una causa penal para determinar quiénes fueron los instigadores de la ocupación, por la cual está detenido con prisión preventiva Marcelo Chancalay, ex dirigente de la villa 20 y hay otros diez imputados, entre los cuales esta Marta Yané, dirigenta del Movimiento Evita.

Yané expresó que "el PRO quería embarrar la cancha para no hacerse cargo del problema de viviendas. Por eso inventaron que éramos parte de mafias y asociaciones ilícitas, pero la jueza entendió que no hay pruebas".

"Ahora no hay más excusas, tienen que hacerse cargo y avanzar con el saneamiento del terreno y la urbanización como lo marca la ley", dijo la dirigente.

Sostuvo además que "llegó el momento de que muestren un poco de voluntad en dar soluciones. Los vecinos se han movilizado, han sido solidarios, han armado proyectos de urbanización y construcción de viviendas en conjunto con arquitectos de la UBA".

Juan Manuel Di Teodoro, abogado de Yané, destacó que "los Fiscales no han podido sacarse la causa de encima y la misma seguirá en manos de la Jueza López Iñiguez".

Añadió además que la fiscalía "nunca aportó las pruebas para intentar demostrar la comisión de delitos en el barrio Papa Francisco, delitos que sólo han existido en la fantasía y en las ansías de sacarse de encima la causa para ocultar las deficiencias de la investigación".

Fuente - TELAM: http://bit.ly/1hKdoV2

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