Los que formamos parte de la Campaña Nacional contra la violencia institucional, adherimos al Encuentro de Debate “POR UNA JUSTICIA LEGÍTIMA”, a realizarse los días 27 y 28 de febrero del año en curso, en la Biblioteca Nacional y por tal motivo, invitamos a concurrir, adjuntando el programa.
Durante los últimos diez años en Argentina hemos transitado un camino de democratización, no sin controversias. La ampliación de derechos inusitada de esta década no fue simple: ningún derecho se regala, nadie entrega sus privilegios sin reacción. Desde el 25 de mayo de 2003 en adelante, el pueblo debió enfrentarse a distintas corporaciones, la justicia fue una de ellas y podemos decir que hay batallas ganadas.
En materia de justicia, tras el destierro de la “mayoría automática” de la Corte que durante el menemismo avaló el desguace y vaciamiento del Estado vino el cambio de 180 grados respecto de los crímenes de lesa humanidad. No sólo el Congreso de la Nación se pronunció en contra de las leyes del perdón, sino también fue la Corte quien declaró su inconstitucionalidad y permitió que avanzaramos con los juicios. Tras esta decisión, acompañada por la política de Derechos Humanos de este gobierno, la justicia en general rejuveneció. ¿Qué autoridad tenía el Estado para imponer justicia en el litigio de dos vecinos de un barrio cualquiera del país, si en otro barrio más o menos lejano podían viajar en el mismo colectivo un sobreviviente de un centro clandestino de detención y su torturador? Terminar con la impunidad en Argentina le dio autoridad al Estado de Derecho y a la Justicia.
Generaciones de castas de magistrados que pensaban que el poder judicial era de ellos y no del pueblo convirtieron a la “justicia” en un bien privado. Le quitaron legitimidad, la distanciaron de pueblo y la volvieron contra él apañando los peores crímenes y la mayor entrega del patrimonio nacional. Así y todo, la palabra Justicia fue siempre un valor para el pueblo, a pesar de que las instituciones no estuvieran a la altura, “memoria, verdad y justicia” fue la principal consigna de los organismos de Derechos Humanos durante los años de democracia. Justicia y nunca venganza fue lo que el pueblo pidió.
Hubo batallas ganadas y otras que aún nos resta ganar: como todos sabemos, las empresas monopólicas de comunicación se atrincheraron detrás de las cautelares cuando la democratización llegó a los medios.
Desde la “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional” agregamos, además, que uno de los desafíos más importantes para avanzar en materia de justicia es luchar contra la impunidad de los casi 1900 muertos desde el año 2000 en manos de las fuerzas policiales. Impunidad garantizada por un Poder Judicial que no es parcial frente a las víctimas, sino que en la mayoría de los casos responde a intereses de la corporación policial.
La policía y la justicia han sido renuentes al control popular, es hora de que la democracia se haga cargo de ambas instituciones y sea el pueblo quien les de legitimidad a las mismas. La enorme mayoría de los jóvenes ha naturalizado la idea de que es “imposible denunciar a la cana”, frente a la lógica de la impunidad todavía debemos revertir la idea de que los de “gorra” tiene más derechos que los de “gorrita”.
En materia de justicia, tras el destierro de la “mayoría automática” de la Corte que durante el menemismo avaló el desguace y vaciamiento del Estado vino el cambio de 180 grados respecto de los crímenes de lesa humanidad. No sólo el Congreso de la Nación se pronunció en contra de las leyes del perdón, sino también fue la Corte quien declaró su inconstitucionalidad y permitió que avanzaramos con los juicios. Tras esta decisión, acompañada por la política de Derechos Humanos de este gobierno, la justicia en general rejuveneció. ¿Qué autoridad tenía el Estado para imponer justicia en el litigio de dos vecinos de un barrio cualquiera del país, si en otro barrio más o menos lejano podían viajar en el mismo colectivo un sobreviviente de un centro clandestino de detención y su torturador? Terminar con la impunidad en Argentina le dio autoridad al Estado de Derecho y a la Justicia.
Generaciones de castas de magistrados que pensaban que el poder judicial era de ellos y no del pueblo convirtieron a la “justicia” en un bien privado. Le quitaron legitimidad, la distanciaron de pueblo y la volvieron contra él apañando los peores crímenes y la mayor entrega del patrimonio nacional. Así y todo, la palabra Justicia fue siempre un valor para el pueblo, a pesar de que las instituciones no estuvieran a la altura, “memoria, verdad y justicia” fue la principal consigna de los organismos de Derechos Humanos durante los años de democracia. Justicia y nunca venganza fue lo que el pueblo pidió.
Hubo batallas ganadas y otras que aún nos resta ganar: como todos sabemos, las empresas monopólicas de comunicación se atrincheraron detrás de las cautelares cuando la democratización llegó a los medios.
Desde la “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional” agregamos, además, que uno de los desafíos más importantes para avanzar en materia de justicia es luchar contra la impunidad de los casi 1900 muertos desde el año 2000 en manos de las fuerzas policiales. Impunidad garantizada por un Poder Judicial que no es parcial frente a las víctimas, sino que en la mayoría de los casos responde a intereses de la corporación policial.
La policía y la justicia han sido renuentes al control popular, es hora de que la democracia se haga cargo de ambas instituciones y sea el pueblo quien les de legitimidad a las mismas. La enorme mayoría de los jóvenes ha naturalizado la idea de que es “imposible denunciar a la cana”, frente a la lógica de la impunidad todavía debemos revertir la idea de que los de “gorra” tiene más derechos que los de “gorrita”.
POR UNA JUSTICIA DEMOCRÀTICA – POR UNA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
NI UN PIBE MENOS
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
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CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
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