Hoy miércoles 3 de junio nos vamos a sumar a la movilización que, bajo la consigna NI UNA MENOS, nos convoca a reaccionar contra los femicidios, crímenes que nos competen a todas y a todos, y cuya frecuencia ha sacudido la conciencia social.
Esta importante respuesta colectiva es apenas el principio de la transformación profunda cultural que debemos hacer dentro de todas las estructuras del Estado y de la sociedad civil en su conjunto.
La movilización de hoy debe ganar las calles y la mesa familiar para que debatamos entre todos y empecemos a construir una sociedad más justa y menos violenta.
Para consolidar y profundizar los logros de esta década, entre los que se cuentan leyes como la de violencia de género, la de educación sexual integral, la ley contra la trata que consagra el delito de explotación sexual, entre otras, necesitamos que estos proyectos y normas aprobadas por los legisladores sean efectivamente puestas en vigencia. Para que esto suceda, las instancias del Poder Judicial deben abordar estas cuestiones con la nueva normativa y ponerla en vigor.
Debemos asumir que la democracia tiene todavía importantes deudas con las mujeres.
Aún queda una larga tarea por delante, para la dirigencia política, para los agentes y operadores administrativos y para el Poder Judicial, a fin de poner en marcha los instrumentos, la capacitación y los recursos necesarios que faciliten que esas leyes de avanzada se hagan realidad.
La militancia política y social debe participar en su concreción y exigir la aplicación plena de las leyes.
Como sociedad nos falta asumir que la violencia conyugal es un delito, mucho antes de que llegue al extremo del femicidio; y hay que comprender que sumándose a las violencias interpersonales se da la violencia institucional con la falta de respuesta adecuada por parte de la policía y la justicia que muchas veces no oye las denuncias.
La violencia institucional también se da en la falta de protocolos hospitalarios para dar respuesta a los abortos no punibles, en la falta de consejerías integrales sobre derechos sexuales y derechos reproductivos para disminuir riesgos y daños, en la impunidad de la explotación organizada de la prostitución, entre otros casos trágicos que padecen las mujeres en nuestra sociedad.
Las connivencias políticas, judiciales y policiales que prolongan este estado de cosas son parte de la violencia institucional que debemos denunciar y combatir. «
Por Jorge Taiana para Tiempo Argentino: http://bit.ly/1FTkQFW
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