El próximo lunes 5, los inquilinos de la ciudad capital, en el marco del Día Internacional del Inquilino, realizarán una movilización para demandar la creación de una Defensoría para asesorar, proteger y elaborar políticas públicas tendientes a proteger al sector.
“Si no te gusta ándate”, es una frase que comúnmente reciben los inquilinos como respuesta, cuando negocian las condiciones de alquiler de una vivienda. Comisiones excesivas, aumentos del costo del alquiler, pagos de arreglos y expensas extraordinarias, son solo algunos de los conflictos de esta perversa relación entre el inquilino, el dueño y la inmobiliaria.
Aunque se trata de un problema nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 50% del suelo se dedica a alquiler, el conflicto se concentra a raíz del monopolio y la especulación inmobiliaria. El mercado de los alquileres afecta, según cálculos estimativos, a un tercio de los porteños; esto es más de 800.000 personas. Las pocas leyes que lo amparan no se cumplen y el Colegio Público encargado de controlar a las inmobiliarias y defender a los inquilinos (Cucicba) está conformado exclusivamente por las grandes inmobiliarias, que sólo trabajan para mantener el negocio ilegal de las mismas.
Por eso, desde hace algunos años, organizaciones sociales, en conjunto con ONGs y legisladores, impulsan la creación de instituciones y normativas que protejan a este sujeto social, como sucede con las asesorías gratuitas, la difusión de derechos, las propuestas legislativas, las asesorías legales recorriendo la ciudad y las convocatorias abiertas a inquilinos.
En ese marco, el próximo lunes 5 de octubre, Día Internacional del Inquilino, por primera vez en la historia, se convoca a los porteños a una manifestación pública frente a la Legislatura de la Ciudad.“El objetivo de este festival, que comenzará sobre las 18hs, es la creación de una Defensoría del Inquilino, un organismo público que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y que se encargará de asesorar, proteger y elaborar políticas públicas para los inquilinos”, explica Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. El proyecto de ley, que fue presentado a fines del año pasado, aún no recibió tratamiento en Comisión.
Si bien para la actual normativa el contrato de alquiler es un contrato entre privados, el inquilino no tiene opciones reales de negociación. Una familia tipo, para acceder a un alquiler necesita 20000$ entre gastos de comisión, mes de adelanto y depósito. A este gasto, que se afronta cada dos años, se suma la búsqueda de hogar, y, junto a ello, la planificación escolar y sanitaria de la familia. Por eso una de las principales propuestas tiene que ver con la extensión de los contratos de alquiler de dos a cuatro años. “Con un contrato de alquiler de cuatro años, las familias construyen otro tipo de estabilidad, -sostiene Muñoz-. Construyen una relación más confiable con el dueño de la casa, el valor que se le da a la vivienda es otro, nuestros hijos no tienen que ser mudados de barrio ni de escuela, no tenemos que pagar esas altísimas comisiones cada dos años que debilitan cualquier capacidad de ahorro, entre otros”. La intervención estatal en el mercado de alquileres permitiría además bajar sensiblemente los precios.
Mientras tanto, funcionan en algunas comunas de la Ciudad asesorías gratuitas para inquilinos desde organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, que tienen como fin dar a conocer los derechos de los inquilinos, asesorarlos jurídicamente antes de que firmen un contrato y orientarlos cuando las condiciones que han firmado no se cumplen.
Carolina Herrera, abogada y coordinadora de la asesoría en la Comuna 15, comenta que “son cada vez más los vecinos que se acercan a informarse, a veces de otros barrios de la Ciudad. Se atienden al menos tres nuevos casos por semana, de la comuna y de otros barrios, pero de igual modo debe hacerse seguimiento, porque por lo general son problemas que requieren de varias consultas. Esto es porque al ser un contrato consensual, es difícil revertir una situación una vez que el contrato está firmado. Las inmobiliarias se abusan de esa situación e incluyen cláusulas que no están contempladas por el código civil, y no tienen autoridad de aplicación”.
La experiencia de asesorías, que empezó en la comuna 15, hoy se extiende a otras, como la 11, la 5 y la 9. “Convocamos a un sujeto, como es el inquilino, de clase media, que a veces es reacio a organizarse. Pero es justamente lo importante, que cuenten con las herramientas y la información, que sepan que no están solos, y que a partir de eso puedan hacer mayor fuerza para que se cumplan sus derechos”, concluye Herrera.
“Alquilar se puede”
En el marco de la campaña en la Ciudad, el PRO lanzó a fines de 2014 el programa “Alquiler se puede”. A casi un año de su lanzamiento, solo cinco de 15 mil familias que se inscribieron lograron alquilar gracias a este programa, que ofrece una garantía bancaria y un préstamo personal para facilitar la entrada a un alquiler.
El principal escollo es que hoy las inmobiliarias no aceptan garantías bancarias. Otro de los problemas es que se trata de una solución de emergencia que no resuelve el problema de fondo; la poca oferta de viviendas, los altos precios, y las comisiones ilegales que exigen las inmobiliarias. “Es, sin más, otra gran estafa hacia los inquilinos.Es un sistema de créditos para que el inquilino siga pagando todas estas condiciones completamente injustas, a través de un crédito bancario, -denuncia Muñoz-.Nos endeudamos para que las inmobiliarias nos sigan robando”.
Fuente - Miradas al Sur: http://bit.ly/1Lc24cv
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