Conforme al art. 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal cumple el rol de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, y todos sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones, en igualdad de condiciones a la de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces de las demás instancias del Poder Judicial de la Nación.
La remoción de la señora Procuradora, sólo podría prosperar por las causales y mediante el procedimiento de juicio político, establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución, rigiendo en el caso las mismas condiciones de acceso y permanencia en su puesto que las fijadas para los integrantes de la Corte Suprema.
Señalamos que no se conoce ninguna denuncia concreta de mal desempeño contra la Dra. Gils Carbó, quien fue designada con arreglo a la Constitución y las leyes.
Vale destacar que la Dra. Gils Carbó ha demostrado a lo largo de su gestión un encomiable labor en la lucha contra las violaciones a los Derechos Humanos, la trata de personas, el narcotráfico, la criminalidad económica, la violencia de género y la violencia institucional, habiendo transformado el Ministerio Público en un organismo que trabaja de cara a la sociedad, atendiendo los reclamos de los sectores más vulnerables e históricamente postergados por la administración de justicia.
Su separación por otros medios que no sea el juicio político implicaría no ya una grosera regresión sino una manifiesta vulneración de derechos y garantías supremos.
El Movimiento Evita alerta sobre cualquier tentativa que pretenda el injustificado desplazamiento de la señora Procuradora General, y llama al Presidente de la Nación y a sus ministros, a respetar, sin menoscabo alguno, las instituciones de la República.
