Diputadas y diputados nacionales presentaron el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo para despenalizar el aborto impulsado por la Campaña por el Derecho al aborto Legal Seguro y Gratuito, con la primera firma de la diputada Adela Segarra. Con la adhesión de mas de 60 legisladores, entre ellos Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Araceli Ferreyra, Juliana Di Tullio, Hector Recalde, Gastón Harispe por el Frente para la Victoria y de casi la totalidad de los bloques políticos.
Adela Segarra manifestó que es un tema que “se debe debatir en el ámbito legislativo”, que debe ser tratado como un problema de “salud pública y es el Estado quien debe darle atención integral a las mujeres”. Puntualizó que despenalizar el aborto es democratizar la salud en tanto hay sectores que lucran con esta práctica y las que mas sufren y mueren son las mujeres pobres y jóvenes”.
La Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados estuvo colmada por integrantes de la Campaña y distintas organizaciones políticas y sociales. El Frente de Mujeres Evita estuvo representado por Adela Segarra, Susana Sanz de Ciudad de Buenos Aires, Majo Poncino de Santa Fe, Roxana Leffait de Mar del Plata, entre otras militantes de diferentes distritos. También fue de la partida Edy Binstock ex secretario de DDHH de la Pcia. de Buenos Aires y se recibió la adhesión del bloque de diputados provinciales de Santa Fe Mariana Robustelli, Gerardo Rico y Eduardo Tognoli.
Por quinta vez consecutiva, un importante grupo de diputados y diputadas nacionales de distintos partidos políticos insistieron en una audiencia pública con la aprobación del proyecto de ley para la despenalización y legalización del aborto, luego de que perdiera estado parlamentario.
Y como sucede desde la primera propuesta de 2005, la iniciativa fue representada con récord de adhesiones. En efecto, este año se reunieron nada menos que 60 firmas de legisladores del Frente para la Victoria, la UCR, el FAP, el Frente de Izquierda y Nuevo Encuentro, entre otros bloques, aunque el número podría ascender a 70, según confió Adela Segarra, quien encabeza el proyecto.
Por eso, el proyecto busca reconocer el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación -no más, según fundamentos médicos-, y a acceder a su práctica gratuita en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa.
En tanto, sólo se podría abortar fuera de este plazo si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves.
Pero además, la Campaña promueve una fuerte intervención del Estado que va más allá de su propuesta legislativa y que se resume en el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
