Invierten
la carga de la prueba.
Primero tenemos que dejar
asentado que a lo largo de toda la sentencia los jueces invierten “la carga de
la prueba”: pretenden que Fernando Carrera tenga el peso de demostrar su inocencia
y que la causa fue armada por la Policía Federal con la complicidad del poder
judicial, en vez de la justicia probar que él es culpable y que la causa no fue
fraguada.
Pareciera ser que se olvidaron
que la Comisaría 34 fue la que mató a Ezequiel Demonty y que fue intervenida
por el Ministerio de Seguridad desde junio de 2011. En su sentencia se deja
entrever que la PFA es la mejor policía del mundo y reivindican precisamente la
violencia desde el estado.
La doctrina Casal.
Ninguno de los tres jueces
respetó el fallo del año pasado de la Corte Suprema de Justicia, donde se les ordenó
que revisaran no lo sólo la sentencia
anterior sino toda la causa, bajo el manto de la doctrina del fallo Casal, la cual sostiene:
“el
tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda
revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable”. Lejos de ellos, cualquier duda sobre la
culpabilidad de Carrera los jueces de casación la devolvieron como un boomerang
contra él: “Carrera no podía estar huyendo de un robo porque venía de robar”,
sostuvo Borisnky.
Nuevos testigos que acreditan la
versión Carrera.
No fueron valorados dos nuevos y relevantes
testimonios aportados por la defensa después del estreno de El Rati Horror Show. Estos testigos acreditan
que el Peugeot 504 negro, de la Comisaría 36, no tenía identificación alguna,
que los policías dispararon contra Carrera y que éste jamás efectuó disparo
alguno. A su vez, uno de esos testigos aseguró que vio y escuchó al auto de
Carrera transitar con el motor forzado, a muchas revoluciones y haciendo mucho
ruido –o sea que no utilizó la caja de cambios-, descartando así la teoría de
los jueces que Carrera efectuó maniobras luego de comenzar su huida y que no
quedó inconsciente por el disparo en la mandíbula.
Carrera no fue
reconocido como el autor del robo.
Los tres votos consideran
que el primer reconocimiento (fotográfico) fue positivo, a pesar de que no lo
fue. La víctima del robo en realidad dijo que la persona de la foto —Carrera, y
que casualmente era la número 1, influyendo así sobre su testimonio— era “parecida”
a quien les había robado. Un típico caso de reconocimiento negativo.
Esta misma víctima, un año
después, en un reconocimiento de rueda de personas, dejó asentado que de ver al
que lo robó “lo reconocería”. Cuando
tuvo en frente a Carrera aseguró: “No lo
reconozco” (Adjuntamos fojas). Estaba acompañando por las juezas Rosa del
Socorro Lescano y Beatriz Bistué del Soler, vocales del TOC 14, tribunal que
condenó a Carrera en 2007. Durante el juicio oral, los dos damnificados tampoco
reconocieron a Carrera como el autor del robo.
No obstante, los tres
jueces de casación consideraron que aquel reconocimiento falsamente “positivo”
prevalece sobre estos dos reconocimientos negativos contraviniendo toda norma
procesal.
Figueroa miente.
La jueza asentó en su voto –y así también en
una entrevista concedida a Radio Nacional- que el testigo Villafañe aseguró en el
juicio que “vio el instante preciso cuando los policías le sacan a Carrera el
arma de la mano y que no la quería soltar”. Lo cual es FALSO. En realidad este
testigo en el juicio afirmó que “después de terminado los disparos, se abocó a
buscar bolsas para tapar los cuerpos y transcurridos aproximadamente 5 minutos
lo llaman para ser testigo del momento en que le quitan el arma a Fernando de
su mano. Este intervalo de “5 minutos” se omitió en las trascripciones de la
sentencia del TOC 14, lo cual podemos probar porque tenemos las grabaciones de
las audiencias.
Abuso de armas.
Según los 3
jueces está acreditado que Carrera disparó contra la policía pero como también
hay dudas al respecto lo absuelven a través del principio indubio pro reo (la duda favorece al acusado). Cabe recordar que Villafañe
había declarado en sede policial: “Siendo en ese momento cuando el masculino
conductor del citado vehículo, lejos de acatar la orden saca un arma de fuego y
dispara tres veces contra el personal policial…”. En el juicio, Villafañe
sostuvo que nunca vio a Carrera disparar, que tan sólo escuchó disparos. Lo
mismo declaró Valdemoros, quien ni siquiera reconoció su firma en el acta
labrada en la Comisaría 34 donde le hicieron decir: “…vi al delincuente
disparar”. ¿Qué más podemos decir de Rubén Maugeri? El humilde peluquero de
barrio que en realidad era el presidente de la cooperativa de la 34 y el dueño
del auto del comisario.
Las armas.
Los magistrados continúan
achacando que Fernando tenía un arma porque:
1. Un testigo (que sólo declaró ante
la policía) dijo que la vio en su mano.
2. Así lo acreditan 7 policías.
Sin embargo:
1. El arma no coincide con la
descripta por las víctimas del robo.
2. Quienes no reconocieron dicha
arma –dijeron que era una Browning negra, cuando la incautada era una Taurus
plateada.
3. Ya dijimos que Villafañe jamás
vio “el instante preciso” en el que le quitan el arma a Carrera.
4. Al arma no le tomaron huellas
dactilares y a Carrera no le hicieron el dermotest, ni al auto ni a su
ropa prueba de parafina.
Como bien dice el
considerando 14 del voto de Zaffaroni, la tenencia del arma por parte de
Carrera contradice el accionar del “cómplice” que supuestamente se fugó con las
armas y el dinero y borró los rastros del robo.
El cómplice fantasma.
La jueza Figueroa aseguró a Radio Nacional,
y así también en su voto, que el cómplice se bajó del auto y se llevó “el
dinero y alguna de las armas”. Estas son meras especulaciones sin argumentación
ni medio de pruebas que así lo demuestre. Los dos damnificados siempre
aseguraron que cuando los perdieron de vista estaban los dos delincuentes “dentro
del auto”.
La patente.
Si los damnificados aseguraron desde el
mismo 25 de enero que el auto tenía una patente retráctil, ¿por qué en el
primer peritaje no apareció ese dispositivo? ¿Por qué no fueron a comprobar
dicho mecanismo directamente? ¿Por qué tardaron una semana en hallarlo? Refutan
diciendo que sería muy difícil que la policía “arme” ese dispositivo, cuando en
realidad está a un click de distancia
en Mercado libre:
Las sirenas.
Dan por acreditado que sí se escuchan
sirenas por los audios del Comando Radioeléctrico. Las sirenas sí se escuchan,
pero tiempo después que comience la persecución. Sin embargo, es muy extraño
que ningún testigo, ni UNO, haya asegurado haber escuchado sirenas. Es más, ni
siquiera los familiares de las víctimas, que estaban cruzando con ellos la
calle, escucharon sirena alguna. Las modulaciones del Comando Radioeléctrico nunca
fueron entregadas para ser peritadas.
No hubo causa armada ni gatillo fácil.
Los tres jueces aseguran, pero no
argumentan, contraviniendo lo dispuesto en la sentencia de la CSJN del año
pasado, que no existió causa armada alguna. Cattuci se atreve a decir que “los
delincuentes eran de disparo fácil”. Desestimaron el escrito del 20 de
setiembre de 2007 donde los fiscales de Pompeya, Dres. Munilla Lacasa y
Giménez, le informaban al entonces procurador, Dr. Esteban Rigghi, que ellos se
enteraron de lo sucedido a través de los medios y no de la policía -como
aseguró el Comisario Villar en el juicio- y que llegaron al lugar “después de
un lapso considerable de tiempo” y que “ya había sido retirado el cuerpo del
imputado”. Carrera fue trasladado al
Hospital Penna recién a las 14:30 hs, teniendo así más de una hora de tiempo
para armar la escena.
En un caso como
éste, y después de lo señalado explícitamente por Eugenio Zaffaroni en una
causa donde se cuestiona a policías y funcionarios judiciales de haber cometido
varios delitos, y con un Ministerio de Seguridad que instruye sumarios contra 8
policías y eleva un informe donde se sostiene que “deberá ser objeto de
análisis la razonabilidad del empleo de la fuerza y del uso de armas” por
parte de la policía, existe una obligación especial del Estado de investigar a los
agentes de ese mismo Estado. Solo así podrían asegurar los jueces que la
causa no fue armada, tomándose en serio todo lo que venimos diciendo desde hace
8 años.
Para los jueces de casación
las Comisarías 34 y 36 pertenecen a la mejor policía del mundo. Niegan que este
sea un caso de gatillo fácil y violencia institucional, cuando dos brigadas de civil dispararon más de 20 veces en plena
vía pública y fusilaron de 8 balazos a un ser humano ¡que estaba acusado de robar 750 pesos! Esto es la instalación de
la pena de muerte en la Argentina; de “primero disparo y después pregunto”;
esto es otorgar a las policías de Argentina licencia para matar.
Todos
los que venimos trabajando por la libertad y la inocencia de Fernando desde
hace 8 años, esperamos que la Masacre de
Pompeya sea EL caso bisagra en la erradicación del gatillo fácil y la
violencia institucional en nuestro país.
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